Como ya se había advertido en este blog —para sorpresa de nadie—, al inicio del segundo mandato de Trump comenzaron a aparecer indicios de que México figuraba como posible teatro de operaciones militares estadounidenses. Nada nuevo bajo el sol: el vecino del norte descubriendo de pronto que los problemas que él mismo produce “vienen de afuera”.
El canal de YouTube @SoloFoseca dio cuenta del cambio de enfoque: de México a Venezuela. La fuente no era un blog conspirativo ni un hilo de X, sino un reportaje de The Washington Post, convenientemente replicado por La Jornada y otros medios. Según ese reporte, la posición inicial de Stephen Miller, asesor de seguridad con la sutileza diplomática de un ariete, consistía en atacar cárteles de la droga en territorio mexicano. Así, sin más: soberanía, derecho internacional y tratados bilaterales como daños colaterales aceptables.
Como también se comentó aquí, la cooperación de México para frenar el flujo de drogas y migrantes —léase: hacer el trabajo sucio— cambió la dinámica. El plan se moderó, se enfrió o se guardó en un cajón. Aunque, fiel a su estilo, Trump ha afirmado que sigue “sobre la mesa”, porque nada tranquiliza más que saber que una invasión está simplemente en pausa.
Hace aproximadamente un mes —en una fecha curiosamente imprecisa, como suelen ser estas cosas— la CIA ejecutó un ataque con drones en territorio venezolano, afirmando haber destruido un muelle supuestamente utilizado para el trasiego de drogas. Un acto de guerra quirúrgico, según el guion; una violación flagrante del derecho internacional, según cualquier manual que no haya sido redactado en Langley.
México reaccionó al aviso con una respuesta de cajón: rechazo formal a la intervención y defensa ritual del principio de no intervención. Eso sí, principio que suele aplicarse con rigor teológico… salvo cuando se trata de celebrar o legitimar triunfos electorales de la derecha en otros países, donde la no intervención se vuelve sorprendentemente flexible.
Hay varios puntos que conviene subrayar.
Primero: el plan para atacar México no está cancelado, solo está en pausa. No se trata de un cambio de valores, sino de calendario.
Segundo: cualquier eventual ataque a México no se decidirá por respeto a principios, legalidad o soberanía, sino por un criterio de oportunidad y conveniencia estratégica. En otras palabras: no porque esté bien, sino porque se pueda.
Tercero: el uso del narcotráfico como justificación bélica sienta un precedente cómodo para Washington y peligrosísimo para el resto del continente. Si el argumento funciona en Venezuela, funciona en cualquier país que no controle al cien por ciento su territorio, lo cual excluye, curiosamente, a Estados Unidos mismo.
Que Estados Unidos haya considerado primero a México y luego a Venezuela no es una anécdota, es una advertencia. Nos recuerda que, en un mundo donde la llamada guerra contra el narcotráfico sirve como excusa para la intervención armada, la soberanía deja de ser un derecho y se convierte en una concesión revocable, sujeta a evaluación periódica desde Washington.
Y como toda concesión, puede retirarse sin previo aviso.