La ventana de oportunidad para atacar a México se cierra en noviembre, con las elecciones intermedias en Estados Unidos. Todo apunta a que los republicanos perderán ambas Cámaras y, ante esa perspectiva, Donald Trump habría barajado —en ese estilo tan sutil y respetuoso de las instituciones que lo caracteriza— la posibilidad de cancelar o suspender los comicios. Teme que, al perder el control legislativo, resurja el fantasma del impeachment que lo persigue desde su primera administración.
La captura de Maduro fue un hitazo geopolítico. Trump avanza impulsado por el efecto momentum: cada éxito le sabe poco y alimenta una hubris cada vez más evidente, casi clínica. Los medios y buena parte de la clase política estadounidense lo presionan para que deje de jugar al “liberador del Caribe” y atienda el verdadero problema: la droga que “proviene de México”, ese mantra eterno que le permite justificar cualquier cosa, desde muros hasta misiles.
Durante su campaña, Trump prometió una intervención militar directa en México para atajar el narcotráfico. Solicitó permiso a la presidenta Sheinbaum para la entrada de tropas estadounidenses; permiso que, para sorpresa de absolutamente nadie, le fue denegado. Y más recientemente, ante cuestionamientos por la operación contra Maduro, deslizó que “algo hay que hacer respecto a México” y que, aunque Sheinbaum era “una fina persona”, no gobernaba realmente el país. Diplomacia de la casa, pues.
En este contexto surgen tres posibilidades que se mueven entre lo probable, lo explosivo y lo casi utópico. La primera es un ataque con drones contra algún renombrado narcotraficante, como Chapo Isidro o el Mencho. Sería el escenario de menor costo político para ambos países. Sheinbaum quedaría en una posición incómoda: condenar un ataque directo contra un capo —aunque sea una violación a la soberanía— siempre se ve mal, tal como se vio mal cuando criticó la captura de Maduro. Las contradicciones morales nunca han sido buenas amigas del cálculo político.
La segunda posibilidad —la más explosiva— es la planteada por Código Magenta: la captura y entrega de Andrés Manuel López Obrador a las cortes de Nueva York. El portal cita fuentes de inteligencia que afirman que “en Washington ya se tomó la decisión de ir contra Andrés Manuel López Obrador”. No es irrelevante que, apenas se disipó el humo de las defensas antiaéreas rusas en Venezuela, un dron no tripulado con identificador BLKCATS de la Armada estadounidense realizara actividades no especificadas a 47 mil pies entre Tabasco, Campeche y Yucatán. Hasta Ricardo Salinas Pliego, desde su palco tuitero, se preguntó quién vivía por esa zona. Pregunta retórica, pero muy sugerente.
La tercera posibilidad, la menos probable, es que Estados Unidos simplemente no haga nada y toda la retórica intervencionista quede en eso, retórica. Esta alternativa se volvió aún menos verosímil desde diciembre de 2025, cuando la Casa Blanca publicó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional bajo Trump, donde se restablece y adapta la Doctrina Monroe para el siglo XXI. El objetivo es restaurar la influencia estadounidense en su “patio trasero” y contrarrestar la presencia de potencias no hemisféricas —principalmente China y Rusia— que compiten por recursos, mercados y aliados en Latinoamérica. En otras palabras: volver a mandar.
Las consecuencias geopolíticas de cualquiera de estas acciones van desde lo simbólico hasta lo sísmico. La eliminación de un narcotraficante, incluso del calibre del Mencho, en realidad no cambiaría nada: el narcotráfico ha sido describido como una Hidra de Mil Cabezas; cortas una y crecen dos. Una táctica excelente para producir titulares, pero inútil para resolver el problema. La captura de López Obrador, en cambio, sí sería un parteaguas. Marcaría el fin del Obradorismo, versión tropical del chavismo, y el colapso de la estrategia de “abrazos, no balazos”. Como recordó Raymundo Riva Palacio en su columna Las peticiones a Sheinbaum, las frustraciones estadounidenses con el gobierno de la presidenta son constantes: toda investigación que roza a la élite de la Cuarta Transformación se topa con un muro.
Así ocurrió con los casos de los sobrinos del almirante José Rafael Ojeda Durán; con el de Hernán Bermúdez Requena, líder del Cártel de la Barredora; y con el de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo. Terminar con ese sistema de impunidad estructural implicaría derribar un muro que impide la acción de la justicia… pero ese muro no es de concreto, sino de lealtades políticas.
Mientras tanto, las víctimas de la corrupción se acumulan. Las más recientes fueron los 14 muertos del descarrilamiento del Tren Interoceánico, proyecto administrado por el hijo de López Obrador, donde —si la tradición no falla— los únicos culpables serán los maquinistas y no la maquinaria de corrupción que permite tragedias de este calibre.