En términos generales, cuando un gobierno comete un error, procura ocultarlo hasta donde la física, la burocracia y el presupuesto lo permitan. La Cuarta Transformación (4T), sin embargo, ha decidido explorar una corriente distinta de la teoría política: si el error es inevitable, conviene exhibirlo públicamente como evidencia irrefutable de la propia ineptitud. Lo que para cualquier administración sería un escándalo, para el obradorismo parece formar parte de una peculiar estrategia de comunicación institucional.

Al momento de escribir estas líneas, todavía no se lleva a cabo el partido entre Inglaterra y Argentina correspondiente a las semifinales de la Copa del Mundo de este año. Este partido está lleno de significado. El 30 de julio de 1966 fue la última vez que Inglaterra jugó una final de la Copa del Mundo. Se impuso a Alemania Occidental con un marcador de 4-2 y obtuvo el único trofeo mundial en su historia.

Comencé a bloguear en 2007, cuando vivía en Japón. A mi regreso nació De Die in Diem, un archivo personal de ideas, lecturas y obsesiones que, sin proponérselo, terminó convirtiéndose también en un pequeño registro de una época de Internet que ya no existe. Con los años descubrí que muchos de los enlaces que sustentaban aquellos textos habían desaparecido. Las páginas dejaron de existir, los dominios expiraron, los proyectos cerraron y, con ellos, se evaporó una parte de la memoria digital que dábamos por permanente.

En una sola mañanera, el gobierno protegió políticamente a un delincuente confeso, incurrió en afirmaciones falsas y, de paso, emprendió una operación de descrédito contra el exembajador de Estados Unidos en México. A partir de la información revelada por el periodista Luis Chaparro en el pódcast Pie de Nota, la Presidencia pareció encontrar más motivos para indignarse por una presunta violación de la soberanía nacional que para celebrar la captura de un personaje que durante décadas logró escapar de la acción del Estado mexicano. La discusión, además, sirvió para reforzar la narrativa de que el exembajador Ken Salazar mintió cuando aseguró que ninguna agencia estadounidense había participado en la operación.

El 30 de junio de 2026 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitieron un comunicado sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En él anunció sanciones contra dos operadores y nueve empresas mexicanas. Hasta ahí parecería uno más de los muchos comunicados que Washington emite periódicamente sobre organizaciones criminales. Pero basta leerlo completo para advertir que el mensaje importante no está en las sanciones, sino en la narrativa.

Uno de los conceptos más conocidos de la teoría de juegos es el dilema del prisionero. Dos detenidos enfrentan una decisión aparentemente sencilla: delatar a su compañero para reducir su propia condena o guardar silencio y confiar en que el otro haga lo mismo. Aunque la cooperación ofrece el mejor resultado para ambos, el incentivo individual suele empujar a cada uno a traicionar al otro, produciendo un desenlace peor para los dos.

Esta semana, el director de la DEA, Terrance Cole, se reunió en Washington con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Al término del encuentro lanzó un mensaje inequívoco: la DEA utilizará todos los recursos a su alcance para perseguir a los cárteles mexicanos, a los que calificó como organizaciones terroristas, y detener el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. La reunión fue presentada como un fortalecimiento de la cooperación bilateral, aunque esa colaboración no ha estado exenta de tensiones. La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado en diversas ocasiones la presencia y participación de agentes extranjeros en territorio nacional, insistiendo en que la cooperación no puede convertirse en subordinación.

Mientras la atención pública permanece secuestrada por el Mundial de fútbol —esa eficaz suspensión temporal de la política que convierte a millones de ciudadanos en analistas tácticos de selecciones nacionales y los aleja de los asuntos domésticos—, Washington parece decidido a seguir aumentando la presión sobre el régimen mexicano mediante una estrategia tan discreta como persistente: la erosión gradual de la legitimidad de la narrativa construida durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El 29 de octubre de 2025, en el artículo El dilema de Claudia, sostuve una hipótesis que en aquel momento parecía excesiva para algunos y alarmista para otros: lo que ocurriera en Venezuela podía terminar ocurriendo en México. No porque ambos países fueran idénticos, sino porque comparten una característica particularmente incómoda para Washington: la progresiva confusión entre las estructuras formales del Estado y las estructuras informales del poder. Cuando la línea que separa a los gobernantes de quienes realmente controlan territorios, economías y mecanismos de coerción se vuelve difusa, la política exterior estadounidense suele abandonar las categorías diplomáticas tradicionales para adoptar las categorías de seguridad nacional.

Un día después de la publicación de mi artículo sobre la evolución del huachicol de un delito local a una operación criminal transnacional, surgió un hecho que parece confirmar varias de las hipótesis planteadas en aquel análisis. El 12 de junio de 2026, TV Azteca informó sobre la detención de James Jensen, su esposa Kelly Jensen y sus hijos Maxwell y Zachary, señalados por las autoridades estadounidenses como piezas relevantes dentro de la trama del huachicol fiscal que durante años operó entre México y Estados Unidos.