No es casualidad que el 11 de febrero de 2026 el Senado de la República autorizara a la Presidencia el ingreso de 19 elementos de los Navy SEALs de la United States Navy. Oficialmente, vinieron a “realizar actividades de capacitación”. Extraoficialmente —es decir, en el único terreno donde florece la verdad en México: el rumor informado— su presencia coincidió con acontecimientos demasiado relevantes para ser mera pedagogía castrense.
El acrónimo SEAL proviene de Sea, Air and Land. No se trata de un detalle semántico, sino operativo: son una unidad entrenada para intervenir en mar, tierra y aire. Se especializan en operaciones antiterroristas (captura o eliminación de objetivos de alto valor), rescate de rehenes, reconocimiento especial detrás de líneas enemigas, guerra no convencional, acciones directas y operaciones marítimas complejas. No son instructores de educación física. Son una fuerza diseñada para misiones quirúrgicas que los Estados prefieren no explicar con demasiada claridad.
Mañana —o cuando convenga— la Presidencia dirá que no se vulneró la soberanía nacional porque los estadounidenses “no operaron” en territorio mexicano. La fórmula es elegante: negar la ejecución material para omitir la cooperación sustantiva. Sin embargo, cuando los sujetos obligados reservan información o entregan versiones incompletas, la especulación deja de ser capricho y se convierte en método. Diversos medios han dado por hecho que hubo al menos colaboración de inteligencia. Pero la frontera entre “colaborar” e “intervenir” suele ser tan porosa como útil.
Daniel Cosío Villegas sostenía que en México lo público termina siendo privado y lo privado, público. La máxima conserva vigencia. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador trascendió que agencias de inteligencia estadounidenses habrían proporcionado la ubicación en tiempo real de Nemecio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, en Chapala. También trascendió que el Ejecutivo federal se negó a proceder. Extraoficialmente se habló de un pacto tácito entre la llamada Cuarta Transformación y el Cártel Jalisco Nueva Generación. De otro modo —se dice— no se explicaría la quema de más de veinte sucursales del Banco del Bienestar sin consecuencias estructurales para la organización criminal.
El 8 de enero, en estas mismas líneas, se planteaba la hipótesis de un ataque unilateral con drones contra figuras como “el Chapo Isidro” o el propio “Mencho”. La realidad fue menos tecnológica y más diplomática: no drones, sino cooperación forzada. Un ataque unilateral habría sido inaceptable para el gobierno mexicano; una captura —“vivo o muerto”— bajo el manto de la colaboración binacional resulta políticamente digerible. Además, permite aliviar presiones externas y, paradójicamente, reforzar la narrativa de Donald Trump según la cual el Estado mexicano estaba infiltrado por el crimen organizado y requería intervención decisiva. Ironías geopolíticas: lo que se niega en el discurso se confirma en la práctica.
Hacia adelante, el escenario no es tranquilizador. La detención del “Mayo” Zambada detonó una lucha fratricida al interior del Cártel de Sinaloa. Si, como algunos sostienen, “el Mencho” fungía como factor de cohesión dentro del CJNG, su ausencia podría desencadenar una disputa interna por el control territorial y financiero. La reacción inmediata ya fue superior a la prevista: bloqueos en más de trece entidades federativas e incidentes violentos en un número aún mayor. Cuando la violencia se territorializa, la estabilidad institucional se vuelve retórica.
Conviene recordar un antecedente: el 1 de mayo de 2015, en el contexto de la Operación Jalisco, el CJNG derribó un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana. Murieron nueve efectivos (ocho militares y un policía federal). El parteaguas no fue sólo simbólico, sino táctico: el uso de un lanzacohetes RPG-7 de fabricación rusa evidenció una capacidad de fuego que reconfiguró la correlación de fuerzas. El proyectil impactó el rotor trasero del helicóptero (matrícula 1009), obligando a un aterrizaje forzoso tras el cual la aeronave se incendió. Aquella jornada mostró que el Estado enfrentaba algo más que delincuencia común: enfrentaba estructuras con lógica paramilitar.
La presencia de fuerzas especiales extranjeras, aun bajo el eufemismo de “capacitación”, no puede analizarse al margen del contexto político y criminal. En un Estado constitucional, la soberanía no se mide por declaraciones oficiales, sino por la capacidad real de controlar el territorio, monopolizar la fuerza y transparentar las decisiones estratégicas. Si la intervención —directa o indirecta— de los SEALs fue determinante, el debate no debería centrarse en el formalismo jurídico, sino en la debilidad estructural que la hizo necesaria.
México oscila entre la negación discursiva y la dependencia operativa. Mientras lo público siga administrándose como secreto y lo privado siga dictando la agenda nacional, la seguridad continuará siendo un asunto de especulación informada. Y en ese terreno, la ironía deja de ser recurso literario para convertirse en diagnóstico.