Francisco Cárdenas entrevistó ayer a Miguel Taniyama, destacado chef, empresario restaurantero y activista, quien organizó la “Carnita Asada por la Paz”, evento que fue interrumpido por drones que arrojaban propaganda difamatoria en contra del organizador. Según relató, una de las aspas de uno de los drones se enredó con la propaganda que transportaba y el aparato cayó al piso. El activista recogió el material, lo destruyó y posteriormente lo arrojó frente a las puertas del Ayuntamiento. En la propaganda aparecía una fotografía del activista con la llamada “Reina del Sur”. El chef reconoció que, en alguna ocasión, dicha persona acudió a su restaurante y se tomó una fotografía con él. Sin embargo, Taniyama mencionó algo particularmente inquietante: que este tipo de operaciones forman parte de un modelo que, según diversas denuncias y análisis, se ensaya en Sinaloa y que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA, en adelante) pretendería exportar al resto de la República.

En días pasados, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa. La acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya plantea, en términos generales, que la campaña que lo llevó a la gubernatura en 2021 habría recibido apoyo ilícito del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como “Los Chapitos”. El respaldo no habría consistido únicamente en dinero, sino también en operaciones de intimidación política y control territorial durante el proceso electoral. La fiscalía estadounidense afirma que operadores del grupo criminal presuntamente amenazaron o amedrentaron a actores políticos rivales para favorecer el ascenso de Rocha Moya.

Denise Dresser sostiene que el llamado “Sinaloa 2.0” o “Sinaloa Lab” describe una nueva fase de la narcopolítica: la intervención directa de grupos criminales en procesos electorales mediante financiamiento ilícito, control territorial y violencia selectiva para favorecer a determinados candidatos. Durante las campañas, el objetivo sería intimidar a opositores, operadores políticos, periodistas e incluso votantes, creando un ambiente donde la competencia democrática queda subordinada al miedo y al poder armado.

Una vez obtenido el triunfo electoral, el supuesto pacto se traduciría en protección institucional para las organizaciones criminales. A cambio, estas obtendrían ventajas operativas como tolerancia gubernamental, acceso a información privilegiada, debilitamiento de operativos de seguridad y consolidación de su control territorial. Más que simples actos aislados de corrupción, la preocupación radica en la posible consolidación de un esquema donde el crimen organizado deja de infiltrar al poder político desde fuera y comienza a participar activamente en su construcción desde las campañas mismas.

La periodista Carmen Aristegui entrevistó a Mario Zamora Gastélum, excandidato de oposición al gobierno de Sinaloa. Durante la conversación, Zamora narró cómo la candidata del PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Badiraguato le comunicó que abandonaría la contienda porque habían levantado a su hermano. Según el relato, la candidata pediría a la ciudadanía que ya no votara por ella, sino por MORENA, con tal de que le devolvieran a su familiar con vida.

Diversos testimonios, reportajes y denuncias surgidos durante los comicios de 2018 y 2021 en Sinaloa señalaron un patrón particularmente inquietante: la presunta privación ilegal de la libertad de operadores políticos vinculados a partidos de oposición apenas horas antes de la votación. Según estas versiones, grupos armados habrían “levantado” temporalmente a representantes de casilla, movilizadores y operadores territoriales para impedirles participar en la organización y vigilancia del proceso electoral, liberándolos una vez concluidos los comicios.

Aunque muchas de estas denuncias no derivaron en investigaciones concluyentes ni en sentencias judiciales, los relatos alimentaron la percepción de que el crimen organizado no solo influía indirectamente en la política mediante corrupción o financiamiento ilícito, sino también a través de mecanismos de intimidación territorial destinados a alterar las condiciones de competencia democrática. El fenómeno comenzó a interpretarse como parte de un modelo más sofisticado de intervención criminal en los procesos electorales, donde el control territorial y el miedo terminan funcionando como herramientas políticas tan eficaces como el dinero, la propaganda o la propia estructura partidista.

Lo verdaderamente perturbador no es únicamente que existan acusaciones de vínculos entre políticos y narcotraficantes —eso, lamentablemente, forma parte del folclor histórico del viejo sistema priista que MORENA juró combatir— sino la posibilidad de que el obradorismo haya perfeccionado el modelo hasta convertirlo en una auténtica tecnología electoral de control territorial. Ya no se trataría simplemente del narcotráfico comprando funcionarios después de las elecciones, sino de organizaciones criminales participando desde el diseño mismo de las campañas, disciplinando territorios, sembrando miedo, neutralizando opositores y administrando resultados electorales con una eficiencia que haría sonrojar a los antiguos operadores del autoritarismo mexicano.

La propaganda arrojada desde drones contra un activista que organiza una “Carnita Asada por la Paz” parecería una escena absurda si no fuera porque encaja demasiado bien con la estética política del régimen: desacreditar, intimidar y aislar públicamente a cualquiera que cuestione al poder. La diferencia es que ahora la maquinaria ya no solo operaría desde las conferencias mañaneras, las granjas de bots o las fiscalías domesticadas, sino también desde territorios donde el monopolio de la violencia dejó de pertenecer al Estado hace mucho tiempo.

El llamado “Sinaloa Lab” no describe simplemente corrupción; describe la posible mutación del sistema político mexicano hacia una forma híbrida de narcohegemonía electoral donde el crimen organizado deja de ser un actor clandestino para convertirse en socio funcional del poder político. Bajo este esquema, los grupos criminales aportarían financiamiento, control territorial y coerción social; el gobierno ofrecería impunidad, debilitamiento institucional y tolerancia operativa. Una simbiosis casi perfecta: el narco obtiene protección y el partido obtiene permanencia electoral.

Quizá por eso el discurso oficial insiste tanto en negar la realidad mientras militariza el país, destruye contrapesos y convierte cualquier crítica en “golpismo”, “clasismo” o “campaña conservadora”. Porque reconocer el problema implicaría admitir algo políticamente devastador: que la llamada “transformación” no erradicó las viejas estructuras de poder mafioso, sino que podría haber construido un modelo todavía más eficiente, más territorial y más difícil de desmontar. Un sistema donde las urnas continúan existiendo, pero donde el miedo comienza a votar antes que los ciudadanos.

Referencias 🔗

Aristegui Noticias. (2021). Mario Zamora denuncia intimidación y violencia durante la elección en Sinaloa. Recuperado de https://aristeguinoticias.com/

Cárdenas, F. (2026). Entrevista a Miguel Taniyama sobre la “Carnita Asada por la Paz”. Grupo Fórmula. Recuperado de https://www.radioformula.com.mx/

Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (2026). Acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya. United States Department of Justice. Recuperado de https://www.justice.gov/

Dresser, D. (2026). Sinaloa Lab: narcopolítica y control territorial. Recuperado de https://www.reforma.com/

El País. (2026). La investigación de Estados Unidos a Rocha Moya se desprende directamente del caso de Los Chapitos. Recuperado de https://elpais.com/mexico/2026-05-06/la-investigacion-de-estados-unidos-a-rocha-moya-se-desprende-directamente-del-caso-de-los-chapitos.html

El País. (2026). El caso Rocha Moya revive el delicado expediente de la narcopolítica en Morena. Recuperado de https://elpais.com/mexico/2026-05-01/el-caso-rocha-moya-revive-el-delicado-expediente-de-la-narcopolitica-en-morena.html

El País. (2026). Rocha Moya deja temporalmente la gubernatura de Sinaloa para permitir que la Fiscalía General lo investigue. Recuperado de https://elpais.com/mexico/2026-05-02/rocha-moya-deja-temporalmente-la-gubernatura-de-sinaloa-para-permitir-que-la-fiscalia-general-lo-investigue.html

El Imparcial. (2026). Sinaloa Lab. Recuperado de https://www.elimparcial.com/columnas/2026/05/04/sinaloa-lab/

Político MX. (2026). De la campaña a la licencia: los señalamientos por narcotráfico contra Rocha Moya. Recuperado de https://politico.mx/2026/05/07/de-la-campana-a-la-licencia-los-senalamientos-por-narcotrafico-contra-rocha-moya/

Univisión Noticias. (2026). Fiscalía de Nueva York acusa formalmente al gobernador de Sinaloa y a otros funcionarios por vínculos con el narcotráfico. Recuperado de https://www.univision.com/noticias/estados-unidos/fiscalia-de-nueva-york-acusa-formalmente-al-gobernador-de-sinaloa-y-a-otros-nueve-funcionarios-por-vinculos-con-el-narcotrafico