En mayo de 2026 se llevó a cabo el Segundo Informe de Labores de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución. El evento fue bautizado por sus críticos como el “Narcofest”, apelativo que aludía a la percepción de que el acto serviría como una defensa irrestricta de diversos políticos morenistas señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico. La presidenta rompió lanzas en favor de los funcionarios cuestionados, denunció una supuesta injerencia extranjera y aseguró que México no era la piñata de nadie. También sostuvo que las acusaciones no perseguían fines de justicia, sino motivaciones eminentemente políticas.
Armando Guzmán, corresponsal de diversos medios de comunicación en Washington, afirmó que las palabras de la mandataria tuvieron escaso eco en los medios estadounidenses. Entretanto, el presidente Donald Trump declaró que los cárteles gobiernan México y amenazó con una eventual intervención militar si la presidenta Sheinbaum no hacía su trabajo. Posteriormente, la mandataria matizó su postura y señaló que no creía que Trump estuviera detrás de los ataques políticos dirigidos contra México.
La presidenta pudo haber optado por otro camino. Pudo haber detenido a los acusados y entregarlos a la justicia estadounidense. En su lugar, decidió brindarles respaldo político y negar sistemáticamente la existencia de pruebas en su contra, como si se tratara de una acusación banal emanada de una simple “oficina” en Manhattan. Sin embargo, durante una de las comparecencias del general Mérida ante la Corte, la jueza afirmó que la evidencia presentada era abundante y concedió sesenta días adicionales a los fiscales para analizarla. La referida “oficina” no era otra que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, una institución cuya relevancia difícilmente puede calificarse de anecdótica.
En un mensaje publicado en la red social X, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, sostuvo que la lucha contra los cárteles debía unir a ambos países y no dividirlos. Añadió que cada ocasión en que un desafío de seguridad compartida se transforma en una disputa política representa una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación y proteger a quienes sirven a sus respectivas naciones. La presidenta respondió en términos que contradecían el espíritu de dicho mensaje.
La pregunta relevante es por qué la presidenta Sheinbaum eligió el camino de la confrontación en lugar del de la colaboración. La respuesta pertenece, inevitablemente, al terreno de la especulación. Es posible que, en un ejercicio de contención política, busque impedir que el asunto escale y alcance a personas que, aunque formalmente no sean superiores jerárquicos de los acusados, pudieran ser consideradas por las autoridades estadounidenses como “peces más grandes”. En el sistema de justicia de aquel país, la persecución de objetivos de mayor jerarquía suele constituir una precondición fundamental para cualquier negociación.
La presidenta también afirmó que existía una alianza entre la “ultraderecha” estadounidense y la “ultraderecha” mexicana, y que esta última estaba aprovechando las acusaciones para realizar escarnio público de los militantes morenistas. En contraste, José Woldenberg, en una columna titulada precisamente “Vendieron su alma al diablo”, argumentó que los morenistas sacrificaron valores, principios y conductas virtuosas con tal de acceder al poder. Según su interpretación, aplicaron con notable disciplina la conocida máxima maquiavélica de que el fin justifica los medios.
El contexto geopolítico tampoco resulta especialmente favorable para el régimen cuatroteísta. A juicio de sus críticos, el gobierno mexicano se ha alineado de manera recurrente con algunas de las causas menos defendibles del escenario internacional. Durante la invasión rusa de Ucrania, México rechazó expulsar a los agentes rusos presentes en su territorio y se negó a atender la petición estadounidense de transferir armamento de origen ruso para apoyar a Ucrania. Poco después del inicio del conflicto, la Cámara de Diputados instaló el Grupo de Amistad México-Rusia, acto que contó con la presencia del entonces embajador ruso en México, Viktor Koronelli, y que fue impulsado principalmente por legisladores del Partido del Trabajo y Morena.
Otro frente de fricción con Estados Unidos ha sido el tema cubano. Tras la caída de Maduro en Venezuela, Washington cerró una importante fuente de suministro petrolero para Cuba. Mientras tanto, México continuó enviando petróleo y ayuda humanitaria a la isla, en abierta contradicción con los deseos de la administración estadounidense. Finalmente, los envíos petroleros cesaron a finales de enero y la presidenta lo confirmó a principios de febrero, argumentando la ausencia de excedentes. A ello se sumó la creciente tensión en los mercados energéticos derivada del ataque estadounidense contra Irán.
Paradójicamente, este pudo haber sido el único episodio que benefició al régimen de la 4T. Tras la salida de Maduro —presentada por algunos analistas como una victoria de gran magnitud y bajo costo para Washington—, Cuba parecía perfilarse como el siguiente objetivo lógico de la estrategia estadounidense. Sin embargo, John Kiriakou, exagente de la CIA, sostuvo que Israel había contribuido a exacerbar las protestas contra el régimen iraní. Ante la posibilidad de una acción unilateral israelí, el presidente Trump optó por alinearse con Benjamin Netanyahu y ordenar un nuevo ataque contra Irán.
No obstante, el desenlace parece haber estado lejos de lo esperado. Irán cerró el estrecho de Ormuz y atacó varios buques mercantes que intentaron cruzarlo sin autorización. Además, impuso una tarifa de dos millones de dólares para transitar por la zona, mientras que Trump respondió restringiendo el paso a embarcaciones procedentes de puertos iraníes. El resultado fue un incremento significativo en los precios internacionales del petróleo y, como suele ocurrir cuando la geopolítica decide impartir lecciones de economía, una nueva oleada inflacionaria a escala global.