El 29 de octubre de 2025, en el artículo El dilema de Claudia, sostuve una hipótesis que en aquel momento parecía excesiva para algunos y alarmista para otros: lo que ocurriera en Venezuela podía terminar ocurriendo en México. No porque ambos países fueran idénticos, sino porque comparten una característica particularmente incómoda para Washington: la progresiva confusión entre las estructuras formales del Estado y las estructuras informales del poder. Cuando la línea que separa a los gobernantes de quienes realmente controlan territorios, economías y mecanismos de coerción se vuelve difusa, la política exterior estadounidense suele abandonar las categorías diplomáticas tradicionales para adoptar las categorías de seguridad nacional.
El 12 de junio de 2026, Donald Trump anunció en Truth Social que Estados Unidos había eliminado mediante un proyectil teledirigido a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, fundador del Tren de Aragua. Más allá de la inevitable discusión jurídica o diplomática, el acontecimiento reveló algo más importante: Washington está dispuesto a actuar extraterritorialmente contra actores criminales que considera amenazas estratégicas. La pregunta relevante ya no es si Estados Unidos puede realizar una operación similar en México. La pregunta es por qué no podría hacerlo.
Durante años imaginamos la intervención estadounidense como una escena heredada del siglo XX: marines desembarcando en costas mexicanas, divisiones militares cruzando la frontera y crisis diplomáticas abiertas. Sin embargo, el siglo XXI transformó profundamente la forma en que las grandes potencias proyectan poder. La ocupación militar es costosa, políticamente impopular y estratégicamente ineficiente. Resulta mucho más rentable vigilar, infiltrar, sancionar, presionar y, cuando se considera necesario, neutralizar objetivos específicos sin asumir los costos de una invasión convencional. La intervención moderna rara vez llega uniformada; suele presentarse como cooperación en materia de seguridad, intercambio de inteligencia, persecución financiera o asistencia técnica.
En este contexto adquieren especial relevancia las declaraciones realizadas por Sara Carter, zar antidrogas de Estados Unidos, en una entrevista publicada por Proceso el 14 de junio de 2026. Aunque reconoció una cooperación sin precedentes con México, también dejó claro que Washington considera legítimo actuar contra quienes protejan a las organizaciones criminales. Lo significativo de la declaración no es el tono, sino el sujeto. Durante décadas el discurso oficial estuvo dirigido contra narcotraficantes. Hoy comienza a dirigirse contra funcionarios, operadores políticos y redes de protección institucional. La diferencia es sustancial. Cualquier gobierno puede entregar capos; históricamente todos lo han hecho. Lo verdaderamente complicado es entregar a quienes desde el aparato estatal garantizaron durante años la supervivencia de esos grupos. Y es precisamente ahí donde la cooperación encuentra sus límites naturales.
En una conversación reciente con Pablo Majluf para el podcast Disidencia, Víctor Hernández planteó una tesis provocadora: la intervención estadounidense ya comenzó. No mediante tropas de ocupación, sino mediante inteligencia, vigilancia, presión diplomática, cooperación forzada, sanciones financieras y operaciones encubiertas. La afirmación parece menos polémica cuando se observa el cambio doctrinal ocurrido en Washington. Al catalogar a determinadas organizaciones criminales como organizaciones terroristas, Estados Unidos dejó de tratarlas exclusivamente como un problema de procuración de justicia y comenzó a integrarlas dentro de su arquitectura de seguridad nacional. En términos prácticos, ello abre la puerta a herramientas legales, financieras, tecnológicas y eventualmente militares que antes resultaban políticamente difíciles de justificar.
La doctrina que mejor describe este fenómeno es la denominada remote warfare o guerra remota. Su lógica consiste en alcanzar objetivos estratégicos sin desplegar grandes contingentes militares. En lugar de controlar físicamente un territorio, busca controlar la información que circula sobre él. Primero se identifican redes de comunicación, flujos financieros, relaciones políticas y vulnerabilidades operativas. Después se restringen recursos, se congelan activos, se bloquean intermediarios y se aíslan objetivos. Finalmente, cuando se considera necesario, se realizan operaciones selectivas contra individuos o infraestructuras específicas. El modelo recuerda más a la persecución global de Al Qaeda o del Estado Islámico que a las campañas militares de Irak y Afganistán. La diferencia es que la guerra ya no se libra principalmente contra ejércitos, sino contra redes.
México representa un desafío singular para este esquema porque los cárteles dejaron hace mucho de ser simples organizaciones criminales. Son estructuras económicas, mecanismos de financiamiento político, redes empresariales, sistemas de control territorial y, en determinadas regiones, auténticas instituciones paralelas. El problema para Washington no consiste únicamente en que existan grupos armados capaces de traficar drogas; el problema surge cuando esos grupos parecen integrarse funcionalmente a determinadas estructuras gubernamentales. La eliminación de un líder criminal puede producir titulares espectaculares, pero rara vez modifica las condiciones que permitieron su ascenso. La experiencia mexicana demuestra que los capos son reemplazables. Lo verdaderamente difícil de sustituir son las redes de protección política, burocrática y financiera que garantizan la continuidad del negocio. Por ello, una estrategia basada exclusivamente en neutralizar objetivos corre el riesgo de atacar los síntomas sin alterar las causas.
Quizá por eso los primeros indicios de una guerra remota contra organizaciones criminales mexicanas no se manifestarán mediante helicópteros artillados sobrevolando Sinaloa. Aparecerán como sanciones financieras, procesos judiciales en cortes estadounidenses, cancelación de visas, investigaciones transnacionales, vigilancia aérea, operaciones de inteligencia cada vez más profundas y presiones diplomáticas crecientes. La guerra remota no busca ocupar territorios; busca volver inhabitable el ecosistema financiero, político y operativo de sus adversarios. Su objetivo no es conquistar un país, sino modificar el comportamiento de quienes lo gobiernan.
Durante décadas la soberanía mexicana fue entendida como la capacidad de impedir que soldados extranjeros cruzaran nuestras fronteras. El problema es que el poder contemporáneo funciona de otra manera. Hoy un Estado puede intervenir sin ocupar, influir sin gobernar, castigar sin declarar la guerra y condicionar decisiones políticas sin necesidad de controlar formalmente el territorio. La cuestión ya no es si Estados Unidos posee la capacidad de actuar dentro de México. La evidencia tecnológica, jurídica y militar indica que la posee desde hace años. La cuestión es hasta qué punto considera necesario hacerlo y qué información posee sobre quienes facilitan la operación de las organizaciones criminales.
Después de todo, el verdadero dilema no es la existencia de los cárteles. Los cárteles existen en muchos países. El problema surge cuando una potencia extranjera comienza a sospechar que determinadas organizaciones criminales han dejado de corromper al Estado para convertirse en una extensión funcional de éste. En ese momento la frontera entre cooperación e intervención se vuelve extraordinariamente delgada. Y si la experiencia reciente ofrece alguna lección, es que las grandes potencias suelen cruzar esas fronteras mucho antes de admitir públicamente que lo han hecho.
Referencias hemerográficas 🔗
Jorge Ikeda, “El dilema de Claudia”, JorgeIkeda.com, 29 de octubre de 2025.
Donald J. Trump, publicación en Truth Social sobre la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “El Niño Guerrero”, 12 de junio de 2026.
Redacción, “Sara Carter advierte que Estados Unidos va contra funcionarios mexicanos vinculados al Cártel de Sinaloa”, Proceso, 14 de junio de 2026.
Pablo Majluf, “La intervención de EE.UU. que ya comenzó”, entrevista a Víctor Hernández, Disidencia, junio de 2026.
Hernández, Víctor, declaraciones sobre la intervención estadounidense mediante inteligencia, vigilancia, presión diplomática, sanciones y operaciones encubiertas, en entrevista para Disidencia, junio de 2026.