Mientras la atención pública permanece secuestrada por el Mundial de fútbol —esa eficaz suspensión temporal de la política que convierte a millones de ciudadanos en analistas tácticos de selecciones nacionales y los aleja de los asuntos domésticos—, Washington parece decidido a seguir aumentando la presión sobre el régimen mexicano mediante una estrategia tan discreta como persistente: la erosión gradual de la legitimidad de la narrativa construida durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Dos acontecimientos de esta semana resultan particularmente reveladores. El primero es la difusión anticipada de fragmentos del libro del exembajador estadounidense Ken Salazar. El segundo, la publicación por parte de Héctor de Mauleón de un audio en el que presuntamente se escucha a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, discutir alternativas para atender los problemas derivados de la cancelación de su visa estadounidense.
Más allá de la autenticidad o alcance jurídico de dicho material, lo relevante es el contexto político en el que aparece y las señales que transmite. En el audio se menciona la posibilidad de que funcionarios estadounidenses sostuvieran una reunión con Michael Nadler, abogado radicado en Miami que representa a la gobernadora. El dato no es menor. Nadler no es precisamente el profesionista al que se suele recurrir para resolver un problema administrativo o un desacuerdo consular. Su trayectoria está asociada a litigios complejos de carácter penal y financiero, así como a clientes involucrados en investigaciones federales de alto perfil. Entre ellos destaca Alex Saab, señalado durante años por las autoridades estadounidenses como operador financiero y presunto prestanombres del régimen de Nicolás Maduro.
Naturalmente, la contratación de un abogado no constituye evidencia de culpabilidad. Sin embargo, en política los símbolos suelen ser tan importantes como los hechos. Y resulta legítimo preguntarse por qué una funcionaria pública cuya versión oficial sostiene que enfrenta únicamente un problema migratorio habría decidido rodearse de una defensa legal asociada tradicionalmente con escenarios mucho más delicados. La pregunta no demuestra nada, pero tampoco desaparece por ignorarla.
A ello se suma un segundo elemento que vuelve particularmente interesante el momento elegido para la difusión de ciertos mensajes. Según ha señalado Pedro Ferriz de Con, la práctica habitual de las editoriales consiste en divulgar adelantos de libros una o dos semanas antes de su lanzamiento para maximizar el impacto mediático y estimular las ventas. Lo extraño del caso es que los fragmentos atribuidos a Ken Salazar comenzaron a circular con una anticipación considerablemente mayor. Si dicha apreciación es correcta, el interés de la filtración podría trascender el ámbito editorial y adquirir una dimensión política propia.
La pregunta interesante no es si Ken Salazar tiene razón. La pregunta interesante es por qué esa historia aparece ahora.
Según lo difundido, una fuente habría informado al entonces embajador que López Obrador se encontraba profundamente preocupado por la información que Ismael “El Mayo” Zambada pudiera revelar sobre presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos. La afirmación, por sí sola, no constituye una prueba de nada. Sin embargo, cumple una función distinta y probablemente más importante: instalar en el debate público la idea de que Washington considera plausible la existencia de información comprometedora sobre figuras relevantes del movimiento gobernante.
Durante años, la relación bilateral estuvo marcada por una extraña combinación de confrontación retórica y cooperación práctica. Mientras López Obrador denunciaba intervencionismos imaginarios en las conferencias matutinas, las agencias estadounidenses continuaban operando, intercambiando información y construyendo expedientes. La aparente cordialidad diplomática ocultaba diferencias profundas sobre seguridad, narcotráfico y control territorial.
Lo que observamos hoy parece ser una fase distinta. Washington ya no parece interesado únicamente en la captura de objetivos criminales específicos. El objetivo podría ser algo más ambicioso: construir un relato histórico sobre las condiciones políticas que permitieron la expansión simultánea de Morena y de determinadas estructuras criminales en regiones estratégicas del país.
En este contexto adquiere relevancia el caso Rocha Moya. La presión estadounidense no parece orientada exclusivamente a obtener la entrega de determinados personajes o la judicialización de casos concretos. Lo que se advierte es un intento de establecer responsabilidades políticas más amplias. Cada declaración, cada filtración, cada libro, cada expediente y cada revelación mediática funcionan como piezas de una narrativa que busca responder una pregunta fundamental: ¿qué sabían las autoridades mexicanas y cuándo lo supieron?
La estrategia tiene además una característica notable. Los mensajes parecen dirigirse principalmente al pasado y no al presente. Hasta ahora, la presión pública se concentra de manera recurrente sobre figuras asociadas al sexenio anterior. La presidenta Claudia Sheinbaum aparece relativamente al margen de las críticas más severas provenientes de Washington. El mensaje implícito podría resumirse así: el problema no necesariamente es el gobierno actual; el problema son las herencias que todavía carga.
Desde esta perspectiva, la publicación de materiales que afectan la reputación de López Obrador cumple una doble función. Por un lado, debilita la capacidad del expresidente para influir políticamente en el futuro. Por otro, ofrece al gobierno actual una salida políticamente menos costosa: colaborar con Estados Unidos sin asumir que dicha cooperación constituye una ruptura con el movimiento que lo llevó al poder.
En términos geopolíticos, la maniobra resulta elegante. En lugar de confrontar directamente a la presidenta mexicana, Washington parece estar delimitando responsabilidades históricas. No se trata de una ofensiva frontal contra Morena en su conjunto, sino de un proceso de diferenciación interna entre pasado y presente. Dicho de otra manera, Estados Unidos podría estar enviando una señal muy específica: aún existe margen para la cooperación, pero ese margen exige distancia respecto de ciertas decisiones, alianzas y personajes del sexenio anterior.
Naturalmente, ninguna de estas hipótesis puede probarse de manera concluyente en este momento. Sin embargo, cuando las filtraciones, los testimonios, las investigaciones periodísticas, los movimientos legales de determinados actores y los mensajes diplomáticos comienzan a apuntar en una misma dirección, resulta difícil creer que se trate únicamente de coincidencias.
La política internacional rara vez opera mediante ultimátums públicos. Prefiere los mensajes indirectos, las filtraciones oportunas y las presiones acumulativas. Y mientras buena parte del país debate alineaciones, penales y posiciones en la tabla mundialista, Washington parece decidido a recordarle a la clase política mexicana que los partidos verdaderamente importantes no siempre se juegan en los estadios.