Esta semana, el director de la DEA, Terrance Cole, se reunió en Washington con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Al término del encuentro lanzó un mensaje inequívoco: la DEA utilizará todos los recursos a su alcance para perseguir a los cárteles mexicanos, a los que calificó como organizaciones terroristas, y detener el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. La reunión fue presentada como un fortalecimiento de la cooperación bilateral, aunque esa colaboración no ha estado exenta de tensiones. La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado en diversas ocasiones la presencia y participación de agentes extranjeros en territorio nacional, insistiendo en que la cooperación no puede convertirse en subordinación.
Sin embargo, mientras Terrance Cole endurece el discurso hacia México, la propia DEA enfrenta un problema de credibilidad dentro de Estados Unidos. Una investigación interna reveló que, durante determinadas operaciones, la agencia permitió que cantidades de fentanilo continuaran circulando con el propósito de construir casos más robustos contra las organizaciones criminales. El Inspector General abrió una investigación tras las denuncias de un informante. Salvando las enormes diferencias de contexto y alcance, el episodio inevitablemente recuerda a la desastrosa operación “Rápido y Furioso”, cuando el gobierno estadounidense permitió el tráfico de armas hacia México bajo el supuesto objetivo de rastrear su destino. La historia demuestra que las agencias de inteligencia y seguridad tampoco son inmunes a errores de cálculo que terminan agravando precisamente el problema que pretendían resolver.
La reunión entre Terrance Cole y Omar García Harfuch no inaugura una nueva etapa; simplemente confirma una tendencia que Washington viene consolidando desde hace varios meses. El verdadero cambio no ocurrió alrededor de esa mesa de trabajo, sino en la manera en que Estados Unidos ha decidido interpretar el fenómeno del narcotráfico. Los cárteles mexicanos han dejado de ser presentados únicamente como organizaciones criminales para convertirse, cada vez con mayor frecuencia, en una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Puede parecer un simple cambio de lenguaje, pero en realidad implica un cambio de doctrina. Y cuando cambia la doctrina, también cambian las herramientas que un Estado considera legítimas para enfrentar el problema.
Cuando un problema deja de ser únicamente policial y pasa a convertirse en un asunto de seguridad nacional, las herramientas políticas también cambian. La cooperación sigue siendo el escenario preferido, pero deja de ser el único. El mensaje implícito parece ser: si México coopera, excelente; si la cooperación resulta insuficiente desde la perspectiva de Washington, Estados Unidos buscará conservar la capacidad política, jurídica y operativa para actuar de otras maneras. No significa necesariamente que vaya a hacerlo, pero sí que está construyendo las condiciones para que esa posibilidad sea políticamente defendible.
La narrativa estadounidense tampoco está dirigida principalmente a México. El verdadero destinatario es el electorado norteamericano. El discurso es relativamente sencillo: “No estamos atacando a México; estamos protegiendo a las familias estadounidenses de la epidemia del fentanilo”. Bajo esa lógica, medidas que hace apenas unos años habrían parecido extraordinarias comienzan a presentarse como respuestas proporcionales frente a una amenaza existencial. Washington no necesita convencer a la presidenta Sheinbaum; necesita convencer al Congreso, a los medios de comunicación y, sobre todo, a los votantes estadounidenses.
Este elemento adquiere una dimensión adicional en un contexto político complejo para Donald Trump. Después del desgaste generado por la intervención contra Irán y las críticas internas que produjo, cualquier acción contundente contra organizaciones criminales responsables del tráfico de fentanilo podría resultar políticamente mucho más rentable que un conflicto militar convencional. Conviene ser prudentes: no existe evidencia pública de que la administración estadounidense haya decidido emprender una acción militar directa en territorio mexicano. Sin embargo, la política rara vez desperdicia una narrativa que ofrece altos dividendos electorales.
Hasta ahora hemos hablado de una guerra remota: inteligencia, drones, operaciones encubiertas, cooperación policial, sanciones financieras y presión diplomática. Ese modelo tiene ventajas porque reduce costos políticos y militares. Sin embargo, Donald Trump ha demostrado reiteradamente una preferencia por las acciones altamente visibles, aquellas que producen una imagen poderosa antes que un largo informe técnico. La política del espectáculo privilegia los golpes mediáticos sobre las campañas silenciosas. La captura de Nicolás Maduro —presentada por su administración como un éxito contundente— y la operación militar contra instalaciones nucleares iraníes son ejemplos de una narrativa que busca proyectar decisión y fuerza, independientemente del debate sobre sus consecuencias estratégicas.
Quizá el error sea analizar cada declaración de la DEA, cada extradición, cada sanción financiera o cada operación de inteligencia como acontecimientos independientes. Vistos en conjunto, parecen formar parte de un cambio doctrinal mucho más profundo. Estados Unidos está redefiniendo el problema del narcotráfico mexicano como un asunto de seguridad nacional y no únicamente de cooperación internacional. Esa diferencia semántica es mucho más importante de lo que parece, porque modifica el tipo de respuestas que pueden considerarse legítimas ante la opinión pública estadounidense.
Paradójicamente, el debate en México sigue concentrado en discutir si existe o no cooperación con Estados Unidos, cuando la pregunta realmente relevante es otra: ¿quién está definiendo la agenda y bajo qué marco conceptual? Mientras aquí seguimos discutiendo soberanía en términos tradicionales, Washington parece estar redibujando el tablero bajo las reglas de la seguridad nacional. Y cuando cambian las reglas del juego, los jugadores que no lo advierten suelen descubrirlo demasiado tarde.