El 30 de junio de 2026 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitieron un comunicado sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En él anunció sanciones contra dos operadores y nueve empresas mexicanas. Hasta ahí parecería uno más de los muchos comunicados que Washington emite periódicamente sobre organizaciones criminales. Pero basta leerlo completo para advertir que el mensaje importante no está en las sanciones, sino en la narrativa.
El documento reconoce al huachicol fiscal como una de las principales fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada. Eso, por sí mismo, ya representa un cambio importante. Durante años el debate público giró alrededor del tráfico de drogas, mientras el robo y comercialización ilegal de combustibles permanecían relativamente subestimados. Sin embargo, el verdadero cambio aparece unas líneas después.
La OFAC sostiene que esos recursos son utilizados para financiar campañas políticas y medios de comunicación. En ese momento el comunicado deja de ser un documento financiero y se convierte en un documento político. El problema ya no consiste únicamente en cómo operan los cárteles, sino en cómo podrían estar moldeando el sistema político mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con el protocolo acostumbrado. Lamentó la unilateralidad del comunicado, aseguró que su gobierno ya investigaba a los involucrados y volvió a solicitar que Estados Unidos presente pruebas sobre el supuesto financiamiento ilícito de campañas políticas. Es una reacción predecible. Desde hace años, cada vez que Washington insinúa vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos mexicanos, la respuesta consiste en pedir pruebas, como si las investigaciones financieras internacionales acostumbraran anunciarse mediante conferencias de prensa.
Ese mismo 30 de junio ocurrió algo que pasó casi inadvertido.
En el podcast Pie de Nota, Luis Chaparro reveló nuevos detalles sobre el avión utilizado para sustraer a Ismael “El Mayo” Zambada y el involucramiento del FBI en la operación. Durante casi dos años López Obrador y posteriormente Claudia Sheinbaum exigieron explicaciones públicas sobre ese episodio. Una vez aparecieron detalles que responden precisamente a esas preguntas, el tema desapareció del discurso oficial con una disciplina digna de estudio.
Ya el exembajador estadounidense había revelado que López Obrador manifestaba preocupación por lo que “El Mayo” pudiera declarar respecto al financiamiento ilícito de campañas políticas. A ello se suma ahora un trascendido que comienza a circular en diversos espacios políticos y periodísticos: la existencia de una compleja historia de traiciones entre distintas facciones políticas y el propio expresidente. Naturalmente, ese trascendido deberá corroborarse antes de incorporarlo como un hecho. Pero incluso como hipótesis resulta interesante porque ofrecería un marco explicativo para entender por qué determinadas revelaciones aparecen precisamente ahora y no hace uno o dos años.
Este es un circo de dos pistas.
En la pista diplomática todo funciona conforme al manual. Estados Unidos reconoce la cooperación del gobierno mexicano, mantiene abiertos los canales institucionales y habla de coordinación bilateral. Es el lenguaje que utilizan dos Estados que necesitan seguir colaborando.
La otra pista es mucho más interesante.
Mientras los diplomáticos sonríen para la fotografía oficial, el Departamento del Tesoro introduce discretamente una narrativa distinta: el crimen organizado financia campañas políticas. No acusa directamente al gobierno mexicano. Ni siquiera menciona nombres. No necesita hacerlo. En política internacional los silencios suelen ser más elocuentes que los adjetivos.
Aquí conviene recordar una vieja distinción de Max Weber. La legalidad y la legitimidad no son sinónimos. Un gobierno puede ser perfectamente legal desde el punto de vista constitucional y, al mismo tiempo, enfrentar un problema creciente de legitimidad si existen indicios razonables de que actores criminales contribuyeron a financiar el acceso al poder. La ciencia política lleva más de un siglo explicando esa diferencia. En México seguimos creyendo que basta ganar una elección para resolverla.
La literatura sobre captura del Estado ofrece otra herramienta útil. Un Estado capturado no es aquel donde los criminales sustituyen al gobierno. Es mucho más sofisticado. Conserva elecciones, instituciones, tribunales y ceremonias republicanas. Lo único que cambia es quién termina influyendo en las decisiones estratégicas. La fachada permanece intacta; los incentivos son los que cambian.
Por eso el comunicado de la OFAC tiene implicaciones que van mucho más allá de las nueve empresas sancionadas. Lo realmente relevante es que Washington comienza a incorporar oficialmente el financiamiento político del crimen organizado como parte de su interpretación institucional sobre México. No constituye una sentencia judicial. Constituye algo potencialmente más importante: un cambio de marco analítico.
Y los marcos analíticos, tarde o temprano, producen políticas públicas.
En artículos anteriores he sostenido que Estados Unidos dejó de concebir a los cárteles únicamente como organizaciones criminales para comenzar a tratarlos como amenazas a su seguridad nacional. El comunicado del 30 de junio representa un paso adicional. Si los cárteles no solamente amenazan la seguridad estadounidense sino que además influyen en la conformación del poder político mexicano, el problema deja de ser exclusivamente criminal y adquiere una dimensión geopolítica.
Quizá por eso la discusión relevante no consiste en determinar si las nueve empresas sancionadas podrán seguir operando. Esa es apenas la superficie del problema.
La pregunta realmente incómoda es otra.
¿Qué ocurre cuando la principal potencia del mundo comienza a actuar sobre la premisa de que el crimen organizado no solamente corrompe gobiernos, sino que pudo haber contribuido a construirlos?
Porque una vez que una hipótesis se incorpora al lenguaje oficial de un Estado, deja de ser una simple especulación periodística. Se convierte en el punto de partida para justificar decisiones futuras. Y la historia demuestra que Washington rara vez modifica su narrativa sin tener ya una idea bastante clara del siguiente movimiento.
Referencias 🔗
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). (2026, 30 de junio). FinCEN Issues Supplemental Alert on Fuel Smuggling and Tax Evasion Schemes on the Southern Border Associated with Mexico-Based Cartels. Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-supplemental-alert-fuel-smuggling-and-tax-evasion-schemes-southern
Migdal, J. S. (1988). Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. Princeton University Press.
Office of Foreign Assets Control (OFAC). (2026, 30 de junio). Treasury Targets Criminal Facilitators Behind CJNG’s Cross-Border Fuel Smuggling Schemes. U.S. Department of the Treasury. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0545
Reuters. (2026, 30 de junio). US imposes sanctions on Mexicans, entities tied to Mexican fuel smuggling network.
Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2026, 30 de junio). Comunicado No. 56. La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, fortalece acciones contra redes vinculadas con el robo de hidrocarburos relacionadas con el CJNG. Gobierno de México. https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-56-429607
Weber, M. (2002). Economía y sociedad: Esbozo de sociología comprensiva. Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1922).
Fuentes periodísticas 🔗
- Chaparro, L. (2026, 30 de junio). Pie de Nota (PDN). Episodio dedicado a la extracción de Ismael “El Mayo” Zambada y nuevos detalles sobre el operativo.
Lecturas recomendadas 🔗
North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009). Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. Cambridge University Press.
Olson, M. (2000). Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships. Basic Books.
Schelling, T. C. (1966). Arms and Influence. Yale University Press.