Donald Trump ha dicho que en México gobiernan los cárteles. Reconoce a Claudia Sheinbaum como presidenta de México, pero al mismo tiempo cuestiona la autoridad efectiva del Estado mexicano sobre su propio territorio. No es una diferencia semántica menor. Una cosa es reconocer formalmente a un gobierno y otra muy distinta afirmar que ese gobierno no tiene el control real del país. Trump ha llevado esa acusación hasta sus últimas consecuencias: si los cárteles gobiernan México, entonces el problema para Washington no es únicamente el narcotráfico, sino la estructura política que permite que ese poder criminal exista, se reproduzca y, eventualmente, llegue a confundirse con el poder del Estado.
Pedro Ferriz Hijar tiene una interpretación particularmente interesante de las palabras de Trump: cuando el presidente estadounidense habla de quienes gobiernan México, no estaría hablando solamente de los cárteles, sino de Andrés Manuel López Obrador como el verdadero jefe de la mafia. La interpretación podría descartarse como una provocación periodística más si no fuera porque algunas de las piezas empiezan a encajar de una manera bastante incómoda. El propio hermano del expresidente, José Ramiro López Obrador, sostuvo recientemente que el objetivo de Estados Unidos no era realmente su sobrino Andy, sino “el grande”, es decir, Andrés Manuel López Obrador. Dicho de otra manera, desde la propia familia del expresidente se reconoce la posibilidad de que la cancelación de la visa de Andy y todo lo que ha venido después formen parte de una operación cuyo objetivo final estaría más arriba.
El periodista Óscar Balmen ha planteado una hipótesis todavía más interesante: quizá el problema es precisamente que a Washington no le alcanza con ir por Andrés Manuel López Obrador. En política, cuando se pretende golpear una estructura de poder, no siempre se ataca directamente a quien ocupa la cúspide. Se golpean los mecanismos que permiten que esa cúspide conserve el poder. Se siguen las rutas del dinero, los operadores, los intermediarios y, sobre todo, a quienes conocen demasiado. Por eso comienzan a aparecer nombres como Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel “Andy” López Beltrán. No necesariamente porque sean equivalentes dentro de la estructura política de López Obrador, sino porque ambos pertenecen a esa zona donde se cruzan el poder político, los negocios y las relaciones personales que durante años rodearon al expresidente.
El lunes 28 de septiembre ocurrió algo que hace unos meses habría parecido una exageración de columnista: The New York Times publicó que al menos dos agencias estadounidenses están examinando acusaciones relacionadas con Andy López Beltrán, entre ellas posibles vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible. El dato importante está precisamente en lo que dice y en lo que no dice el periódico: no se habla de una acusación formal ni de un proceso penal iniciado en su contra, pero sí de agencias estadounidenses que están revisando los señalamientos y de intermediarios que habrían intentado establecer contacto con funcionarios estadounidenses. El asunto, por tanto, dejó de pertenecer exclusivamente al ecosistema de la prensa mexicana. Ya está siendo observado desde el otro lado de la frontera.
Pero aquí aparece una diferencia que vale la pena subrayar porque cambia completamente la historia. Pedro Ferriz Hijar sostiene que la persona que estaría manteniendo esas conversaciones “extraoficiales” con autoridades estadounidenses no sería directamente Andy, sino Irene, su expareja venezolana. No está claro si Irene estaría actuando por cuenta propia o si estaría hablando en nombre y representación de Andy. Y precisamente esa ambigüedad es la que vuelve interesante el asunto. Porque si la información de Ferriz es correcta, ya no estaríamos hablando simplemente de un personaje que intenta defenderse ante autoridades extranjeras, sino de la existencia de un intermediario que estaría tratando de abrir un canal de comunicación con ellas. En cualquier estructura de poder, cuando alguien empieza a buscar un canal de salida mientras las autoridades del otro lado comienzan a mirar hacia dentro, la pregunta fundamental deja de ser qué se está diciendo públicamente y pasa a ser qué se está ofreciendo en privado.
Y entonces aparece Jorge Amílcar Olán Aparicio.
Olán no es un personaje secundario en esta historia. Las investigaciones periodísticas lo han colocado durante años en el entorno de los hermanos López Beltrán, particularmente de Andy y Gonzalo, y han documentado su crecimiento empresarial y su participación en contratos públicos durante el sexenio de López Obrador. También ha sido señalado periodísticamente por su presunta participación en negocios relacionados con el llamado huachicol fiscal. La propia cobertura reciente alrededor de Andy vuelve una y otra vez sobre su nombre.
En ese contexto, resulta bastante significativo que Andy haya sido señalado periodísticamente como alguien preocupado por la posibilidad de que Olán hable. No hace falta inventar una película de espías para entender por qué un operador financiero que conoce las entrañas de determinados negocios puede convertirse en un problema para quienes alguna vez hicieron negocios con él. Los prestanombres, los intermediarios y los operadores tienen una característica que los políticos suelen olvidar: conocen la mecánica del negocio desde abajo. Saben quién llamó a quién, quién consiguió el contrato, quién puso el dinero, quién recibió la comisión y, sobre todo, quién no aparece en ningún documento. Mientras todos guardan silencio, son piezas útiles. Cuando alguno decide hablar, se convierten en expedientes.
Y precisamente cuando el nombre de Olán volvía a aparecer en las investigaciones sobre Andy, el periodista Irving Pineda consiguió localizarlo en Suiza. No en un departamento discreto ni en una habitación de hotel, sino en una lujosa residencia de Lugano. Una llamada anónima condujo a TV Azteca hasta el lugar y Pineda terminó identificándolo después de seguir varias pistas, entre ellas el nombre de Jorge Olán Aparicio en el buzón de la propiedad. El empresario se encontraba prácticamente recluido con su familia y reaccionó con evidente molestia cuando el periodista intentó entrevistarlo.
La parte verdaderamente interesante ocurrió después. Apenas unos días después de que su ubicación fuera exhibida públicamente, Olán desalojó la residencia. El penthouse volvió a aparecer disponible en plataformas inmobiliarias suizas por 15,000 francos suizos mensuales, una cifra que equivale a más de 300 mil pesos mexicanos al mes. El inmueble, de aproximadamente 200 metros cuadrados, tenía tres baños, terrazas, alberca privada, estacionamiento y garaje. Es decir, no estamos hablando precisamente de alguien que estuviera escondido en un sótano esperando que la justicia lo encontrara. Estamos hablando de un empresario mexicano que, después de ser localizado por un periodista en una residencia de lujo en Suiza, desapareció de ese domicilio prácticamente de inmediato.
Desde luego, abandonar una propiedad no demuestra por sí mismo que alguien esté huyendo de la justicia. Pero tampoco es un dato irrelevante. En inteligencia, en política y en cualquier investigación que involucre estructuras clandestinas, el comportamiento posterior a una filtración suele ser tan interesante como la filtración misma. Si una persona lleva una vida discreta en Suiza, un periodista descubre dónde vive, el lugar se hace público y pocos días después la propiedad vuelve al mercado, resulta perfectamente legítimo preguntar qué cambió entre un día y otro. Y la pregunta se vuelve todavía más pertinente cuando esa persona aparece repetidamente en investigaciones periodísticas relacionadas con el círculo empresarial de los hijos del expresidente.
Lo verdaderamente incómodo de toda esta historia es que los acontecimientos están empezando a ocurrir simultáneamente en varios niveles. Por un lado, Trump insiste en que los cárteles tienen un poder que rebasa al Estado mexicano. Por otro, Estados Unidos revoca visas y empieza a utilizar instrumentos financieros y administrativos contra personajes vinculados con redes políticas y empresariales mexicanas. Al mismo tiempo, dos agencias estadounidenses examinan acusaciones relacionadas con Andy. Hay reportes de intermediarios intentando establecer contacto con autoridades estadounidenses. Una expareja de Andy aparece, según Pedro Ferriz Hijar, en esas conversaciones extraoficiales. Y uno de los empresarios más cercanos al círculo de los López Beltrán aparece viviendo en un penthouse de lujo en Lugano y desaparece del inmueble apenas su ubicación se hace pública.
Y todavía falta el episodio de Baja California.
El 29 de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sancionó a 21 personas y 25 empresas que, según el gobierno estadounidense, están vinculadas con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Entre los sancionados aparece Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien el Tesoro identifica como facilitador político del Cártel de Sinaloa. También fue señalado su hermano Luis Alfonso Torres Torres. Aquí ya no estamos hablando de una filtración anónima, de una fotografía tomada desde lejos o de una columna periodística: es una designación oficial del gobierno estadounidense, con nombres, empresas y una descripción concreta de las relaciones que Washington atribuye a esa red.
La gobernadora había explicado anteriormente la cancelación de su visa como un asunto administrativo que no tenía relación con la delincuencia organizada. Después de la designación de OFAC, esa explicación resulta mucho más difícil de sostener políticamente. No porque la sanción estadounidense convierta automáticamente en culpable a todo aquel que haya tenido una relación personal con los sancionados, sino porque el propio gobierno de Estados Unidos acaba de colocar formalmente a su exesposo y a su excuñado dentro de una estructura que considera vinculada con una organización criminal. La diferencia entre una acusación política y una acción de OFAC es precisamente ésta: Washington dejó de insinuar y empezó a sancionar.
Y aquí es donde conviene dejar de mirar cada episodio por separado.
Un gobierno extranjero no necesita declarar formalmente que está investigando a un régimen para comenzar a desmantelar las redes que lo rodean. No necesita acusar directamente al jefe político para seguir a sus operadores. Puede empezar por las cuentas, las empresas, las visas, los socios comerciales, los intermediarios y las personas que saben cómo funciona la maquinaria. El poder político se sostiene mediante relaciones. Cuando esas relaciones comienzan a convertirse en expedientes individuales, la estructura empieza a tener un problema.
Eso es lo que vuelve especialmente interesante la frase de José Ramiro López Obrador: “al que quieren no es al chico, sino al grande”. Porque si el hermano de Andrés Manuel tiene razón, Andy no sería el objetivo final. Sería una pieza. Y si Óscar Balmen tiene razón, tampoco bastaría con Andy. Habría que mirar a los alfiles. A Adán Augusto. A los empresarios. A los operadores financieros. A quienes conocen los contratos. A quienes movieron dinero. A quienes estuvieron en las mesas. A quienes tienen algo que ofrecer a una autoridad estadounidense a cambio de protección, inmunidad o simplemente de una salida.
La política mexicana ha sobrevivido durante décadas gracias a una regla no escrita: todos saben, pero nadie habla. El problema aparece cuando esa regla deja de funcionar. Porque el sistema puede soportar un periodista incómodo, una fotografía comprometedora o una acusación de corrupción. Lo que difícilmente soporta es que quienes estuvieron dentro comiencen a hablar con quienes tienen jurisdicción, información y herramientas financieras al otro lado de la frontera.
Por eso quizá estamos viendo solamente el principio de una historia mucho más grande.
Trump puede equivocarse en muchas cosas. Puede exagerar. Puede utilizar el problema del narcotráfico como instrumento de presión política. Pero una cosa es la retórica de un presidente y otra muy diferente es que detrás de esa retórica comiencen a moverse agencias, investigadores, sanciones financieras y expedientes. El 29 de septiembre de 2026 ya no estamos solamente ante las declaraciones de Donald Trump sobre México. Estamos ante un gobierno estadounidense que está poniendo nombres mexicanos en sus listas de sancionados, que está revisando acusaciones contra el hijo del expresidente y que está siguiendo las redes financieras y empresariales alrededor de personajes políticamente conectados.
Y eso debería preocupar mucho más que cualquier tuit de Trump.
Porque si todo esto fuera solamente una campaña de desprestigio, la respuesta sería sencilla: desmentirla, presentar las pruebas contrarias y continuar con la vida política. Pero si detrás de las acusaciones existen expedientes, operaciones financieras, testimonios, intermediarios y personas dispuestas a hablar, entonces el problema es de otra naturaleza. Ya no se trata de comunicación política. Se trata de poder.
Y el poder tiene una característica que quienes lo ejercen durante demasiado tiempo suelen olvidar: puede parecer absoluto hasta el día en que deja de serlo.
Durante años, López Obrador construyó la narrativa de que Estados Unidos no podía tocarlo, que México era soberano y que cualquier señalamiento proveniente de Washington era una intromisión extranjera. Ahora esa misma soberanía está siendo puesta a prueba de una manera mucho más concreta: no por un discurso, sino por visas canceladas, investigaciones, sanciones financieras y nombres que comienzan a aparecer en expedientes estadounidenses.
El verdadero peligro para López Obrador quizá no sea que Trump lo llame jefe de una mafia. Eso puede contestarse desde una tribuna, desde una mañanera o desde Twitter. El verdadero peligro es otro: que quienes conocen cómo funcionaba la maquinaria empiecen a hablar.
Porque una cosa es que Washington diga que los cárteles gobiernan México.
Y otra, infinitamente más grave, es que empiece a demostrar quiénes eran los que les abrían la puerta.