Durante años, el huachicol fue la anécdota local de la corrupción mexicana: ductos perforados, pipas fantasma, funcionarios a sueldo y cárteles disputándose territorios. Un problema doméstico, pensábamos, una especie de enfermedad endémica del sistema político. Sin embargo, los acontecimientos entre 2021 y 2025 nos obligan a una relectura incómoda. El robo de hidrocarburos dejó de ser un delito de patio trasero para transformarse en una empresa criminal transnacional, una red intrincada que conecta cárteles mexicanos con empresarios estadounidenses, aduanas porosas, bancos internacionales y, según el eco de diversas investigaciones periodísticas, operadores políticos que bailan al ritmo de un dinero de origen más que dudoso.
La historia, con su acostumbrada crueldad, empieza con un balazo. El 22 de noviembre de 2021, Sergio Carmona Angulo fue ejecutado por un francotirador en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León. Su muerte, un destello fugaz en los titulares nacionales, sería el inicio de un efecto dominó que pocos anticiparon. Sergio no era un empresario cualquiera; Animal Político, Proceso, Infobae y Código Magenta lo habían señalado como una figura central en el huachicol fiscal y un personaje con conexiones políticas relevantes en Tamaulipas. Como suele ocurrir en México, la noticia ocupó portadas y luego se desvaneció, dejando una estela que, curiosamente, despertaría el interés de agencias federales estadounidenses, que ya rastreaban las bitácoras aduaneras, las cuentas bancarias y las empresas fachada que, a pesar de todo, seguían facturando millones a filiales de Pemex.
El cerebro operativo y logístico de esta red criminal, especialmente fuerte en la aduana de Reynosa, Tamaulipas, era Julio César Carmona Angulo, hermano del ejecutado. Para el FBI, los Carmona habían encendido las alarmas cuando sus empresas comenzaron a cruzar miles de pipas falsamente declaradas como “aceites” para evadir el impuesto IEPS, cobrando el dinero, eso sí, en cuentas bancarias estadounidenses. Pero el verdadero foco rojo en Washington, la chispa que encendió la hoguera, fue el destino final de esos millones: el financiamiento ilegal, estimado en más de 500 millones de pesos, hacia campañas políticas de Morena en las elecciones de 2021. Sabiendo que él era el siguiente en la lista de ejecución, apenas dos días después del asesinato de su hermano, el 25 de noviembre de 2021, Julio César Carmona cruzó la frontera y se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, buscando protección y asilo. Para el Departamento de Justicia de EE. UU., esa entrega fue el equivalente a encontrar la “Caja Negra” del huachicol en México. El hermano del capo entregó expedientes, estados de cuenta y una lista de 11 nombres de la cúpula de Morena que, según sus declaraciones, recibieron dinero en efectivo directamente de sus manos. Siempre es el dinero, la verdadera moneda de cambio en estas historias donde la frontera se diluye.
Mientras el expediente Carmona se cocinaba a fuego lento en las entrañas del sistema judicial estadounidense, al otro lado de la frontera, otra historia avanzaba silenciosamente. En noviembre de 2025, las autoridades federales de EE. UU. anunciaron acusaciones contra James Lael Jensen, de 68 años, su esposa Kelly Anne Jensen y sus hijos Maxwell Sterling Jensen y Zachary Golden Jensen, una familia de Sandy, Utah. De acuerdo con documentos judiciales y reportes de El País, los Jensen controlaban empresas como Arroyo Terminals y Behawk Energy, y se les acusaba de comprar petróleo crudo robado directamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La operación era notable por su astucia y sencillez: el crudo era introducido a Estados Unidos a través de cruces fronterizos en Texas, utilizando declaraciones aduanales falsas. En lugar de reportar petróleo crudo, los cargamentos eran identificados como aceites usados, residuos industriales o derivados distintos del petróleo. Una mentira burocrática aparentemente pequeña, pero valuada en cientos de millones de dólares. Las autoridades estiman que entre 2018 y 2025 ingresaron ilegalmente miles de cargamentos bajo este esquema, generando ganancias ilícitas cercanas a los 300 millones de dólares. La pregunta inevitable es cómo pudo ocurrir algo así durante siete años sin ser detectado, y la respuesta, probablemente, sea incómoda: las grandes redes de corrupción rara vez dependen de una sola persona; funcionan porque numerosas instituciones fallan simultáneamente, desde aduanas que no revisan y empresas que no preguntan hasta bancos que no detectan movimientos sospechosos y autoridades que observan sin intervenir. El sistema funciona precisamente porque cada participante solo ve una pequeña parte del rompecabezas.
Pero lo que transformó el caso Jensen en una prioridad nacional para Washington fue un giro estratégico ocurrido en febrero de 2025: el gobierno estadounidense clasificó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera. A partir de ese momento, comprar petróleo robado dejó de ser un simple asunto de contrabando o lavado de dinero. Desde la perspectiva jurídica estadounidense, pasó a convertirse en apoyo material a una organización terrorista, una diferencia que no es menor ni simbólica. Significa que empresarios estadounidenses podían ser perseguidos no solo como evasores o lavadores de dinero, sino como individuos que contribuían al financiamiento de una organización considerada una amenaza para la seguridad nacional. Para Washington, el problema ya no era exclusivamente energético; era estratégico. Cada dólar obtenido mediante la venta de petróleo robado podía convertirse en armas, vehículos, corrupción institucional o capacidad logística para organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera. Y es precisamente aquí donde el expediente Carmona vuelve a cobrar relevancia. Con la red de aduanas debilitada e investigada desde Texas, el FBI cazó a la familia Jensen en Utah en 2025. Gracias al mapeo de aduanas que Julio César Carmona les había entregado años antes, EE. UU. pudo comprobar cómo los Jensen utilizaban los mismos huecos aduaneros para hacer el “huachicol inverso”: meter a Texas miles de cargamentos de crudo robado por el CJNG. Los Jensen pasaron de ser defraudadores a financiadores del terrorismo utilizando cuentas en bancos norteamericanos.
Para los Estados Unidos, el caso del huachicol dejó de ser una nota roja local mexicana. Desde la entrega de Julio César Carmona en 2021, Washington entendió que la seguridad de su frontera y la integridad de su sistema financiero dependían de desmantelar una corporación binacional. Hoy, con militares presos, políticos bajo la lupa del FBI y empresarios de Utah procesados por terrorismo, el expediente Carmona demuestra que en el negocio del petróleo ilegal, la frontera es, lamentablemente, una línea invisible. Lo que comenzó como un problema de huachicol terminó convirtiéndose en una investigación sobre lavado internacional de dinero, lo que parecía un asunto local terminó involucrando al FBI, al Departamento de Justicia, a la DEA y a autoridades financieras estadounidenses. Y lo que durante años fue presentado como una simple modalidad de robo de combustible terminó revelando algo más preocupante: la existencia de una economía paralela capaz de infiltrar instituciones públicas, contaminar procesos políticos y conectar intereses criminales a ambos lados de la frontera. Tal vez esa sea la lección más incómoda de toda esta historia. La frontera existe para los ciudadanos comunes. Para el dinero ilícito parece ser apenas una sugerencia. Durante décadas se pensó que México exportaba problemas y Estados Unidos exportaba soluciones. El caso del huachicol demuestra algo distinto. Las organizaciones criminales prosperan precisamente porque encuentran socios, clientes, financistas y facilitadores en ambos países. Por eso el expediente Jensen no es solamente una historia sobre petróleo robado. Y el expediente Carmona tampoco es únicamente una historia sobre corrupción política. Son capítulos de una misma historia: la de una corporación criminal binacional cuya mercancía cambia constantemente —drogas, combustibles, dinero, influencias o contratos— pero cuya lógica permanece intacta: seguir la ruta del dinero. Porque tarde o temprano, el dinero siempre termina revelando aquello que la política intenta ocultar, y la geografía ignora.
Referencias hemerográficas 🔗
Carbajal, Rodrigo. “Los operadores del huachicol fiscal | Capítulo 2: El heredero de Carmona”. Código Magenta, 15 de mayo de 2025.
Garza, Ramón Alberto. “AMLO y Carmona: ¿Reunión en Palacio?”. Código Magenta, 25 de febrero de 2025.
De Córdoba, José. “Los Jensen, la familia de Estados Unidos que traficó 2,900 cargamentos de petróleo crudo desde México a Texas”. El País, 13 de septiembre de 2025.
Redacción Excélsior. “Presenta PRD denuncia ante Fiscalías de Tamaulipas para investigar presunto financiamiento ilícito a políticos de Morena en el estado”. Excélsior, 12 de noviembre de 2021.
“El caso Rocha Moya revive el delicado expediente de la narcopolítica en Morena”. El País, 1 de mayo de 2026.
“Sheinbaum minimiza las revelaciones del libro de Scherer Ibarra”. El País, 16 de febrero de 2026.